Como Costa Rica sigue fallando a sus pueblos originarios
Como resultado del asesinato de Sergio Ortiz Rojas, el ex presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre en marzo, el pueblo costarricense se ha quedado indignado y el incidente ha sido repudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta hoy no ha habido justicia por el asesinato y nadie ha sido detenido. La razón detrás de este resultado puede ser incluso peor de lo que se sospechaba.
La conversación con Rene Rocha del clan bribri Dójkwak arrojó un poco de luz sobre la polarización que se está dando en los territorios indígenas antes y después del asesinato de Rojas. Los eventos que precedieron el asesinato como la recuperación de tierras indígenas ejecutada por Rojas y su equipo, son de carácter controvertido pues hay quienes dicen que los ocupantes de algunas de las tierras involucradas eran indígenas, aunque indígenas de otra etnia.
Una de las preocupaciones en Salitre es con respecto a la situación migratoria al interno de Salitre por población no indígena, sin embargo, este puede incluir indígenas también, aunque no todos de las mismas etnias. Recuerda Rocha en la entrevista que a pesar de ser creadas reservas para diferentes etnias, antes del Convenio estas mismas convivían históricamente dentro de los territorios.
Hoy en día existen aparentes incongruencias entre los intereses de las Asociaciones de Desarrollo como asociaciones representativas de las comunidades y los intereses de las mismas comunidades.
En una charla el pasado miércoles, abogada ambiental Yasmin Torres destacó la importancia del cuidado que hay que tener con las agrupaciones representantes a la hora de cooperar con los pueblos indígenas que a veces no velan totalmente por los intereses del pueblo aunque sean el camino legal. En ese respecto resaltó que los marcos legales frecuentemente no corresponden a la realidad de las comunidades y que también por eso puede haber incongruencias.
Rocha plantea que Rojas actuaba conforme a los reglamentos "no éticos" de las reservas y que los imponía en contra de sus hermanos miembros de otras etnias que poblaban Salitre. Cita como ejemplo de la agresión de Rojas un incidente en que Cabécar Thaís Vidal fue acusada de usurpación y de no ser indígena por los constituyentes de la ADI bajo Rojas con el apoyo de Marcos Guevara de la escuela de antropología de la Universidad de Costa Rica para expulsarle del territorio.
El Informe "El Territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia 2010 - 2017” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED fue solicitado por la Asociación de Desarrollo en 2014 de la cual Rojas era presidente en ese entonces. Según el Informe, habitantes de los dos territorios bribris en Salitre anteriormente habían contado con el apoyo directo de vecinos indígenas de otras etnias. ‘Las experiencias de recuperación de tierra se inserta dentro de un proceso más amplio que involucra a otros territorios indígenas vecinos de la región.’
El informe también reafirma la idea de que las agrupaciones existentes en Salitre desde el inicio ‘no cumplían con reales soluciones a las problemáticas de la comunidad pues las organizaciones actuaban en forma intermitente en el territorio y no eran propuestas compenetradas con la cultura indígena’, de acuerdo con lo que expresa Rocha.
¿De qué manera es peor de lo que se sospechaba?
Independientemente de si las disputas son entre "blancos" y "indios" o entre 'indios", detrás del nuevo debate polarizado el Estado se está escondiendo de su antiquísima responsabilidad de recuperar el daño hecho por la implementación de la ley indígena o reservas indígenas.
Aunque sea un conflicto interno, sigue siendo la culpa del Estado que ha de resolver dos cosas: la indemnización de los Sikwas (no indígenas) y la resolución del conflicto entre etnias al dejar que territorio sea territorio en vez de reservas bajo una anticuada ley. Queda claro que un lado del debate está exigiendo una reestructuración radical de los consejos y comités encargados de la resolución de los conflictos que vienen aumentando a raíz de una decisión mal informada del pasado.
No obstante, en 2007 Costa Rica firmó La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y como tal, mientras no se reestructure este sistema, las Naciones Unidas y sus organismos internacionales tienen la autoridad de brincar la política inconsistente de la República al cumplir con sus propias leyes que aplican internacionalmente. Al hacer esto, está en una buena posición para tratarse directamente con los pueblos indígenas y no con el Estado incompetente. Una tal colaboración permitiría la remisión de los fondos internacionales para la conservación directamente a los pueblos indígenas, los cuales protegen 80% de la biodiversidad del planeta.
La UNESCO por su lado tiene una serie de prioridades y compromisos con los pueblos indígenas. Ésta incluye la revisión del marco legal de las Reservas de Biosfera (una categoría de la UNESCO) y de asegurar la participación activa integral (Acceso, Gestión, Toma de Decisiones, y Distribución de Beneficios) en los procesos de gestión.
Si el gobierno de la República no sabe actuar de buena fé, hay que estar pendiente de la cooperación internacional pero esa misma sólo se logrará a través de la buena comunicación.
#politics #LatinAmerica #nature #conservation #CostaRica #indigenousrights #corruption #caribbean
